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La reclamación de los taxistas paraliza el concurso del servicio de ambulancias
28-06-2017

La duda sobre quién se hará con el millonario contrato del servicio de ambulancias se mantendrá en el aire más de lo previsto dado que el recurso de la Federación Cántabra del Taxi ha logrado paralizar la tramitación de forma cautelar, caldeando aún más el ambiente entre el gremio del transporte sanitario, muy molesto por «este amago de intrusismo profesional». El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en la resolución adoptada el pasado 23 de junio, ha ordenado suspender el proceso mientras se resuelve la polémica propuesta de los taxistas de adaptar el pliego de condiciones para optar a los traslados que no precisen asistencia medicalizada (transporte programado o no urgente).

Una posibilidad que el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, ya da por descartada, «porque no lo permite la ley». Y así se lo comunicó al presidente de la Federación, Manu Andoni Ruiz, en el cara a cara mantenido recientemente. En esa reunión, tan rápida como estéril, el gerente y la subdirectora médica de SUAP/061, Adelia Gallastegui, insistieron en que la petición «no encaja de ninguna de las maneras en la normativa que regula el transporte sanitario». Pero los taxistas no se dan por vencidos: «Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias».

De entrada, han conseguido que el concurso quede en punto muerto mientras se estudia su reclamación (se calcula que como mínimo dos meses), justo cuando se acaba de cerrar el plazo de presentación de ofertas. Según ha podido saber este periódico, cinco empresas se disputarán los 48 millones de euros en juego del transporte sanitario de Cantabria. La vallisoletana Ambuibérica, que gestiona el servicio desde que en 2012 desbancó a la cántabra Amberne, tratará de mantenerse al frente los próximos cuatro años, «porque hemos trabajado muy a gusto aquí. Está claro que nos interesa continuar», declara su director general, Carlos Magdaleno, aunque sus rivales llegan dispuestas a ponerse al mando. Y de hecho, desde la Gerencia del SCS reconocen que «hay más competencia que nunca».

En la lista de candidatas a hacerse con la millonaria adjudicación figura, precisamente, Amberne (Nereo Hermanos), que aspira a recuperar el terreno perdido hace seis años, aunque en esta ocasión hará fuerza de la mano de la firma Ayuda SLU (GrupoASV), una organización especializada en el sector, con sede en Alicante e implantada sobre todo en la comunidad valenciana, que tiene una plantilla de 700 profesionales. No será la única candidatura conjunta, ya que se presenta también la UTE catalana formada por Ambulancias La Pau –una cooperativa que nació del voluntariado hace 30 años en Badalona y que hoy cuenta con más de 400 trabajadores– y el Grupo Vila y Crisol.

En la tanda de aspirantes a gestionar el transporte sanitario terrestre de Cantabria, tanto urgente como programado, porque el contrato abarca los dos, se postula la empresa sevillana Servicios Sociosanitarios Generales, que se presenta en su página web como la mayor empresa de transporte sanitario en España, con más de 20 centros de trabajo repartidos por el territorio nacional, sobretodo en Andalucía, Cataluña,Castilla-La Mancha y Baleares. Una afirmación sustentada en las cifras de su volumen de negocio: seis millones de servicios prestados, 1.590.000 desplazamientos (32 millones de kilómetros) al año, una flota de 978 vehículos y 1.829 empleados.

Completa la relación de ofertas la presentada por la multinacional Eulen, grupo pionero en la externalización de servicios generales a empresas, especialista sobre todo en actividades de limpieza, seguridad y mantenimiento, que hace dos años entró de lleno en el sector de las ambulancias adjudicándose los contratos del transporte sanitario urgente de Álava y Vizcaya, en consorcio con la compañía vasca Larrialdiak.

Partiendo de que las cinco licitadoras cumplan con los requisitos técnicos exigidos, la balanza se inclinará por la que ofrezca la oferta económica más ventajosa. El precio de partida son los 47,9 millones de euros (presupuesto máximo de licitación) que convierten este contrato en uno de los más importantes de la sanidad pública, con una subida del 25% respecto a la última adjudicación, que fue de 35,9 millones. Desde el Servicio Cántabro de Salud argumentan que este incremento se debe, por un lado, a la subida salarial acordada en el convenio laboral del transporte sanitario –de hasta un 20% en cuatro años– para la plantilla (conductores y técnicos), compuesta por alrededor de 460 empleados. El segundo motivo que justificaría que el montante haya crecido de esta manera son «las mejoras cualitativas y cuantitativas que se exigen al futuro adjudicatario».

En este sentido, Gallastegui explica que «se ha aumentado el número de ambulancias que se requieren, con nuevas Unidades de Soporte Vital Básico (SVB) para Potes, Castro Urdiales, Meruelo y Polientes, más una ambulancia convencional para Arenas de Iguña. Y, además, se ha incluido la implementación en tecnología de las Unidades de Soporte Vital Avanzado (UVI móviles)». En el pliego se especifican las diferentes modalidades de vehículos que tiene que aportar la empresa que tome las riendas del negocio.

Respecto a las ambulancias asistenciales (transporte urgente), que son aquellas acondicionadas para prestar atención sanitaria en ruta, se precisan 31 (nueve para el área de Santander, ocho para Laredo, tres para Reinosa y once para Torrelavega). Dentro de estas hay dos tipos: las de soporte vital básico, identificadas con las siglas SVB en la rotulación –la empresa debe disponer de 19–, y las UVI móviles (SVA), con personal médico y de enfermería del servicio de emergencias 061 al frente, que en Cantabria son cinco.

La dotación de este tipo de transporte se completa con ocho ambulancias disponibles las 24 horas del día (tres de ellas) o 12 horas (las otras cinco). La adjudicataria también deberá disponer de una ambulancia de soporte vital avanzado para traslado de enfermos mentales. De cara al servicio no urgente, la concesionaria deberá contar con un mínimo de 58 ambulancias no asistenciales, destinadas al transporte de pacientes en camillas o acondicionadas para llevar varios enfermos, que son las que se utilizan, por ejemplo, para traslados a rehabilitación.

 

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