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La Federación Cántabra del Taxi se suma a la movilización del 26 de Abril
08-04-2017

La Junta Directiva de la Federación Cántabra del Taxi ha decidido secundar la convocatoria de paros a nivel nacional acordada en el Congreso Nacional del Taxi de España celebrado este pasado día 6 de Abril en Madrid.

El primero de estos paros tendrá lugar este próximo día 26 de ABRIL.

La movilización que se llevará a cabo en Cantabria dará comienzo a las 10.30 horas en el aeropuerto de Santander-Seve Ballesteros y finalizará frente a la Delegación de Gobierno en Cantabria a las 13:00 horas donde se hará entrega de un manifiesto al Sr. Delegado del Gobierno.

El recorrido será el siguiente: carretera N-636, autovía S-10 y calles Marqués de la Hermida y Antonio López, bifurcándose a continuación. Una parte discurrirá por las calles Atilano Rodríguez, Cádiz (con parada y registro de un escrito en las dependencias de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria), Isabel II y Calvo Sotelo; y otra parte continuará por el Paseo Marítimo, Glorieta de Puertochico, Paseo de Pereda y Calvo Sotelo.El motivo de dicha manifestación es reclamar al Gobierno de España un conjunto de peticiones sectoriales que se consideran fundamentales para la supervivencia del sector.

En primer lugar, que se debe encontrar la fórmula para que la legislación se cumpla y no sea tan laxa, no permitiendo que haya una saturación del mercado de transporte de pasajeros en vehículos de turismo y estableciendo las medidas necesarias para su control.
Asimismo, que se cumpla el desarrollo reglamentario de la LOTT 9/2013, que establece la contingentación de 1 vehículo de arrendamiento con conductor por cada 30 taxis, y dicha proporción no se está respetando actualmente, quedando incluso pendiente la entrada de miles de vehículos de arrendamiento con conductor que pueden suponer un problema incluso de orden social. 

En segundo lugar, con la última modificación del artículo 10º de la ORDEN FOM 2799/2015 de 18 de Diciembre, donde de manera implícita venía recogida la base de operaciones de los citados vehículos, ésta ha desaparecido, generando con ello un vacío legal, puesto que no se determina su lugar de origen para  la prestación de servicio. Esto ha motivado que haya cientos de vehículos que no tienen muy claro cuál debe ser su punto de partida. Se solicita que de nuevo se aclare en la normativa este origen del servicio estableciendo de nuevo una base de operaciones desde la que deben partir los vehículos mencionados.

Como tercer punto recordar que no existe un epígrafe fiscal para los vehículos de arrendamiento con conductor y están utilizando por actividad similar el epígrafe fiscal 721.2 fijado para la actividad del taxi. Se considera que este servicio fue concebido como un servicio de representación y alta gama, y por lo tanto, su epígrafe fiscal debe ser distinto al nuestro, estableciendo para ello un IVA del 21% como el artículo de lujo que esta actividad dice ser.

Se solicita en cuarto lugar que desaparezca la “habitualidad” que permite a los vehículos de arrendamiento con conductor realizar hasta el 20% de los servicios fuera de su Comunidad Autónoma reflejada en el artículo 182.5  del ROTT 1057/2015 de 20 de Noviembre, puesto que ya está sobrepasada la contingentación 1/30 en casi todo el territorio nacional.
Se pide así mismo, que todas las Comunidades Autónomas dispongan de una web de control con un registro de todos los servicios que como indica la legislación vigente, han de ser previamente contratados, en el que los órganos administrativos, encargados de la vigilancia y observación del transporte, puedan acceder para verificar el control de dichos servicios. 

En quinto lugar, se reclama que la actividad del servicio de taxi tenga consideración de Servicio Público, con especial protección a la actividad que se desempeña, no sólo en las grandes ciudades, sino en el conjunto del territorio nacional, cubriendo las carencias de las diferentes administraciones por riesgo y ventura de los taxistas, siendo un sector fuertemente regulado, que permite a los ciudadanos disfrutar de un servicio puerta a puerta en cualquier condición y horario, y realizando en la mayoría de las ocasiones una labor social que de otra manera el Estado debería garantizar a los ciudadanos.
Dentro de esta petición, ya que la actividad está considerada como “penosa” por diferentes organizaciones laborales, se solicita ser incluidos como colectivo especial y que se reconozcan enfermedades profesionales que se padecen, así como poder solicitar jubilaciones anticipadas con un mínimo de años de actividad cotizados.

En sexto lugar, se exige que todas las Comunidades Autónomas aprueben un distintivo homogéneo y discreto, en cuanto a sus especificaciones técnicas, para este tipo de vehículos de arrendamiento con conductor, con las medidas de seguridad normalizadas, anti manipulación, así como la Comunidad Autónoma donde está residenciada dicha autorización.

En séptimo lugar, no permitir la cesión de la actividad de los concesionarios de dichas autorizaciones a terceros, ya que actualmente muchas autorizaciones cuyos titulares son personas físicas o jurídicas, son “gestionadas por conductores” contratados que en realidad son falsos autónomos, con contratos de disposición para empresas vinculadas a aplicaciones disruptivas, inmersas en procedimientos judiciales que han de determinar su legitimidad en la labor que realizan. Tal como tienen por normativa, en sus disposiciones reglamentarias, diferentes autorizaciones de transporte, debe ser el titular de dicha autorización el que explote la misma. 

En octavo lugar, que las autorizaciones VTC tengan un marco normativo propio en el que se fijen los procedimientos en los que dichas autorizaciones entren en funcionamiento una vez concedidas por las diferentes sentencias judiciales que “obligan” a las diferentes Direcciones Generales de Transporte a concederlas. El procedimiento administrativo, en la mayoría de las ocasiones es laxo a la hora de observar la puesta en funcionamiento de las mismas, permitiendo a dichos concesionarios comerciar y especular con ellas, no por una necesidad de ofrecer transporte, sino por un interés meramente económico, así como consumir los tiempos de implantación y puesta en funcionamiento de las mismas.

Es por ello, que se emplaza a TODOS LOS TAXISTAS DE CANTABRIA a participar en esta movilización en defensa de los derechos del sector, colocando en sus vehículos carteles de protesta para que la misma llegue a todos los puntos de la región y sea conocida tanto por los usuarios del servicio como por la ciudadanía en general.

 

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